Shutdown por déficit: cuando gastar más que lo que entra tiene consecuencias

Una noticia técnica con fondo filosófico

El Congreso argentino analiza un proyecto que reformaría la ley de administración financiera vigente desde 1992 para incorporar un mecanismo de shutdown automático: si el Estado gasta más de lo que recauda y entra en déficit, ciertas funciones del aparato público deberían detenerse. Así lo informa LA17. A primera vista parece una discusión técnico-presupuestaria. Pero si uno se detiene un momento, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la idea de que las instituciones públicas, como cualquier unidad económica, deberían estar obligadas a respetar sus límites.

Eso, en Argentina, no es un debate contable. Es un debate cultural.

El principio que olvidamos: no podés gastar lo que no tenés

Hay una regla que cualquier familia de clase media argentina conoce de memoria, generalmente porque la aprendió a las malas: no podés gastar sistemáticamente más de lo que ingresa. Cuando lo hacés, te endeudás. Cuando te endeudás sin respaldo, tarde o temprano el sistema colapsa. Nadie discute esto en la vida privada. Es sentido común, es prudencia básica, es lo que los economistas clásicos llamaban solvencia.

Ahora bien, ¿por qué ese principio elemental no aplica al Estado argentino? Durante décadas, la respuesta implícita del sistema político fue: porque el Estado no es una familia, porque tiene instrumentos que los privados no tienen, porque puede emitir, endeudarse en moneda propia, diferir el ajuste. Todo eso es técnicamente cierto. Y todo eso es, también, la receta exacta para la inflación crónica, la destrucción del ahorro y la licuación del salario real que este país viene sufriendo desde hace más de setenta años.

Lo que el proyecto en análisis propone es, en el fondo, reinstalar una restricción que nunca debió haberse abandonado: la consecuencia. Si gastás de más, algo se detiene. No como castigo arbitrario, sino como señal de que el sistema llegó a su límite.

La meritocracia también aplica a las instituciones

Hay una dimensión que la discusión técnica suele ignorar: el mensaje que le manda a la sociedad un Estado que nunca rinde cuentas, que nunca para, que siempre encuentra la forma de seguir gastando aunque no tenga con qué.

Ese mensaje es devastador en términos de valores. Le dice al ciudadano que el esfuerzo individual —trabajar, ahorrar, producir, cumplir obligaciones— es la conducta del ingenuo. Que hay una lógica paralela, la del sector público, donde las consecuencias no existen, donde el déficit siempre lo paga otro (el contribuyente, el tenedor de bonos, el que cobra en pesos depreciados), y donde la irresponsabilidad se recicla en más presupuesto.

Mises lo señaló con claridad: cuando se elimina el mecanismo de pérdidas y ganancias de una organización, se elimina también el incentivo para la eficiencia. Un Estado que nunca enfrenta las consecuencias de su despilfarro es una institución que, por definición, no puede mejorar. No tiene por qué. Y así se comporta.

La propuesta del shutdown por déficit introduce, aunque sea de forma parcial e imperfecta, algo parecido a ese mecanismo: una consecuencia real, automática, no negociable. Es decir, responsabilidad.

El populismo y el arte de postergar el costo

La resistencia que este tipo de proyectos genera en ciertos sectores del arco político es predecible y, paradójicamente, ilustrativa. El argumento será, como siempre, que frenar el gasto público afecta a los más vulnerables, que la austeridad es una política de clase, que hay que proteger a los que menos tienen.

Ese argumento tiene una trampa enorme: ignora quién paga el déficit. La inflación —consecuencia directa del financiamiento monetario del gasto— es el impuesto más regresivo que existe. Destruye el poder adquisitivo de los que cobran en pesos, de los que no tienen acceso al dólar, de los que viven de un sueldo o una jubilación. El populismo distribucionista promete proteger al pobre con gasto; lo que en realidad hace es licuarle el salario para financiar ese gasto. Es una transferencia de riqueza disfrazada de solidaridad.

Friedman lo explicó con una precisión que no envejece: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y el déficit fiscal financiado con emisión es su causa más directa en economías como la argentina. Entonces, cualquier mecanismo que discipline el gasto es, en última instancia, una política pro-pobres, aunque no se presente con ese lenguaje.

Cultura antes que ley: el verdadero desafío

Dicho todo esto, sería ingenuo creer que una reforma legal resuelve el problema de fondo. Las leyes son tan buenas como la cultura que las sostiene. Argentina tiene una larga historia de normas fiscales que se aprobaron con toda la solemnidad institucional y se incumplieron con la misma naturalidad.

La ley de convertibilidad, el techo de deuda, las metas de déficit acordadas con el FMI: todas tuvieron su momento de gloria legislativa y su posterior derrumbe pragmático. El problema no es solo la ausencia de reglas; es la ausencia de una convicción colectiva de que las reglas importan.

Eso es lo que hay que cambiar primero, y es el cambio más difícil porque no se decreta. Se construye desde la educación, desde el ejemplo, desde una clase dirigente que deje de tratar el presupuesto público como un botín a repartir y empiece a tratarlo como un recurso escaso que pertenece a quienes lo financian: los contribuyentes.

Alberdi ya advertía en el siglo XIX que la Constitución era letra muerta si no estaba respaldada por hábitos sociales congruentes. Una ley de shutdown puede ser un paso. Pero el paso más importante es cultural: que la sociedad argentina deje de ver el gasto estatal como una virtud en sí misma y empiece a exigirle al Estado lo que le exige a cualquier administrador: que rinda cuentas, que viva dentro de sus posibilidades y que entienda que los recursos que maneja no le pertenecen.

Un primer paso que vale la pena dar

El proyecto que analiza el Congreso es imperfecto, como toda iniciativa legislativa en estado embrionario. Pero su lógica central es correcta: las consecuencias deben existir. Un Estado sin consecuencias es un Estado sin disciplina, y un Estado sin disciplina es un Estado que termina siendo pagado, siempre, por los de abajo.

Defender este tipo de mecanismos no es defender la crueldad fiscal. Es defender la honestidad: la honestidad de decirle a la sociedad que los recursos son finitos, que el gasto tiene un costo real y que postergarlo solo lo hace más caro. Es, en definitiva, defender la misma lógica que cualquier argentino aplica cuando administra su propio bolsillo.

Que esa lógica suene radical cuando se aplica al Estado dice más sobre el estado de nuestra cultura política que sobre la propuesta en sí.