Milei en el acto AMIA: seguridad institucional y la deuda de 31 años

Qué medidas de seguridad institucional aplicó el gobierno de Milei en el acto por la AMIA

El gobierno de Milei reforzó el acto conmemorativo del atentado a la AMIA con presencia de las máximas autoridades del Ejecutivo, coordinación con la SIDE reestructurada por decreto 614/2024 y una postura diplomática que ratifica a Hezbollah e Irán como responsables. En paralelo, se sostuvo el pedido formal de captura internacional de los imputados iraníes con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2007.

El gesto no es menor si se lo compara con la deriva de los últimos veinte años, donde la política exterior argentina osciló entre el reclamo tibio y el escandaloso Memorándum con Irán firmado en 2013. La seguridad institucional, entendida como la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y perseguir a quienes los atacan, es una función indelegable — y una de las pocas que un liberal clásico como Alberdi reconocería sin objeciones.

El mismo Estado que firmó el Memorándum: ahora reconoce a Hezbollah como terrorista

En 2013 el kirchnerismo firmó con Irán un Memorándum de Entendimiento que, en los hechos, blindaba a los imputados iraníes de la justicia argentina. La denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 —y su muerte cuatro días después— marcaron el punto más oscuro del vínculo entre el poder político y la causa AMIA.

Seis años más tarde, en julio de 2019, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en designar formalmente a Hezbollah como organización terrorista, incorporándolo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) mediante resolución de la UIF. Esa designación —sostenida bajo el macrismo, tolerada bajo Alberto Fernández y reforzada bajo Milei— es hoy la base jurídica sobre la que se articula la postura oficial argentina.

La cronología importa porque muestra algo incómodo para el relato: durante décadas el Estado argentino fue funcional al encubrimiento. Recién cuando la política dejó de negociar con los sospechosos empezaron a moverse las piezas. No es magia libertaria, es sentido común institucional.

Los datos que nadie muestra: 31 años sin condenas firmes por el atentado

El atentado del 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Tres décadas después, no hay una sola condena firme por la voladura del edificio de Pasteur 633. Lo que sí hubo:

• Un juicio por el encubrimiento que condenó en 2019 a exfuncionarios, entre ellos al exjuez Juan José Galeano.
• Alertas rojas de Interpol vigentes desde 2007 contra cinco ciudadanos iraníes, incluido el exministro de Defensa Ahmad Vahidi.
• Un fallo de Casación de abril de 2024 que declaró al ataque como crimen de lesa humanidad y responsabilizó a Irán como Estado autor y a Hezbollah como ejecutor.

El fallo de Casación es probablemente el avance judicial más significativo desde la creación de la Unidad AMIA. Y llegó sin necesidad de duplicar el presupuesto ni de crear un nuevo ministerio: llegó cuando el poder político dejó de operar en contra de la investigación.

La reestructuración de la SIDE y el enfoque en terrorismo internacional

En julio de 2024, el Gobierno emitió el decreto 614/2024 que reestructuró los servicios de inteligencia bajo la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con una División Federal de Inteligencia Criminal y Terrorismo entre sus áreas prioritarias. Más allá de la discusión sobre partidas y planta funcional —donde hay legítimo debate sobre el peso de una estructura de inteligencia en un Estado que debería achicarse— el punto conceptual es claro: la inteligencia contraterrorista es una función indelegable del Estado mínimo.

Acá hay un trade-off que un liberal serio debe admitir. Reducir el gasto público es un imperativo fiscal, pero la seguridad exterior e interior son, junto con la justicia, las funciones que Adam Smith y Hayek identificaban como legítimas del Estado. Un gobierno que recorta subsidios al transporte pero refuerza inteligencia contra terrorismo no está contradiciéndose: está priorizando lo que la teoría liberal siempre priorizó.

El contraste con la gestión anterior, donde se llegó a discutir la disolución de la AFI sin plan de reemplazo claro, es evidente. Como ya analizamos en la nota sobre por qué la justicia no llega en casos emblemáticos, el problema argentino no es de recursos: es de voluntad política.

Y encima: el presupuesto de la Unidad AMIA y la eficiencia del gasto

La Unidad Fiscal AMIA, dependiente del Ministerio Público Fiscal, es la estructura estatal específica dedicada a investigar el atentado. Su presupuesto es una fracción marginal del gasto público total. El problema histórico nunca fue de plata: fue de conducción política.

Es el mismo patrón que describimos cuando hablamos de la relación rota entre gasto público y resultados sociales: más presupuesto no equivale a más resultados. En la causa AMIA, los años de mayor asignación de recursos coincidieron con los de mayor parálisis judicial. Los años de avance —el juicio por el encubrimiento, el fallo de lesa humanidad, la designación de Hezbollah— coincidieron con decisiones políticas concretas, no con incrementos presupuestarios.

La lección es la que Milton Friedman repitió toda su vida: no importa cuánto gasta el Estado, importa qué hace con lo que gasta. Un fiscal decidido, con respaldo político y sin operadores del oficialismo boicoteando la causa, rinde infinitamente más que diez fiscales con presupuesto inflado y órdenes de mirar para otro lado.

Cronología del papelón: de Menem a Milei

La causa AMIA es un manual de cómo el Estado argentino puede fallar durante décadas:

1. 1994-2004: investigación viciada bajo el juez Galeano, con pago de sobornos a testigos posteriormente comprobado.
2. 2004-2006: designación de Alberto Nisman al frente de la Unidad Fiscal AMIA y reencauzamiento de la investigación hacia la pista iraní.
3. 2007: pedido de captura internacional con alertas rojas de Interpol.
4. 2013: Memorándum con Irán, aprobado por el Congreso y luego declarado inconstitucional.
5. 2015: denuncia de Nisman contra Cristina Fernández y muerte del fiscal.
6. 2019: condena por encubrimiento y designación de Hezbollah como organización terrorista.
7. 2024: Casación declara el atentado como crimen de lesa humanidad y responsabiliza a Irán.

Cada avance ocurrió a contramano del poder político de turno o gracias a un cambio de signo. Cada retroceso tuvo firma y responsable identificable. No hay ninguna necesidad de teorías conspirativas: alcanza con leer los decretos y los expedientes.

Qué significa esto para la agenda liberal

Defender la libertad económica no es incompatible con exigir un Estado eficaz en sus funciones esenciales. Al contrario: como sostuvimos en la nota sobre propiedad privada y prosperidad, sin justicia y sin seguridad no hay contratos posibles, no hay inversión y no hay progreso. La seguridad institucional es la precondición del mercado, no su enemigo.

El acto por AMIA de este año, con la presencia del Ejecutivo y la ratificación diplomática de la responsabilidad iraní, marca una diferencia de tono respecto a la ambigüedad de la década pasada. Falta muchísimo: los responsables materiales siguen libres en Teherán, la extradición es prácticamente imposible bajo el régimen actual iraní, y el juicio en ausencia —posibilidad que se discute en el Congreso— tiene sus propias dificultades procesales.

Pero después de 31 años de connivencia, ambigüedad y encubrimiento, el mero hecho de que el Estado argentino tenga hoy una posición nítida es un cambio institucional relevante. La memoria de las 85 víctimas no se salda con actos protocolares: se salda con instituciones que funcionen. Ese es el terreno donde la agenda liberal tiene algo que decir.