Laje, impunidad e Insaurralde: por qué la justicia no llega

Por qué Martín Insaurralde sigue sin condena pese a las denuncias por corrupción y viajes de lujo

Insaurralde continúa sin condena firme porque sus causas (enriquecimiento ilícito, viajes en yate, patrimonio incompatible) están en etapa de instrucción o pericia patrimonial, sin elevación a juicio oral hasta fines de 2024. A diferencia de la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, que tuvo 12 años de trámite hasta la condena, las denuncias contra Insaurralde son recientes (2023) y avanzan a ritmo lento en el fuero federal de Lomas de Zamora, con expedientes fragmentados entre varias jurisdicciones.

El mismo Insaurralde que era "un cuadro técnico": ahora explica un yate en Marbella

En septiembre de 2023, las fotos de Martín Insaurralde a bordo del yate Bandido en Puerto Banús junto a la modelo Sofía Clerici pusieron fin a una carrera política construida sobre la idea de que era el "cuadro moderno" del peronismo bonaerense. El mismo dirigente que había sido intendente de Lomas de Zamora durante una década, candidato presidencial en 2013 y jefe de Gabinete de Axel Kicillof, aparecía consumiendo champagne en un puerto donde el amarre cuesta miles de euros la semana.

La reacción política fue inmediata: renunció el 29 de septiembre de 2023 al cargo bonaerense. La reacción judicial, en cambio, sigue en cámara lenta más de un año después. Es el patrón argentino de siempre: escándalo mediático fulminante, tránsito judicial eterno.

Antonio Laje, desde su programa en A24, fue uno de los periodistas que sistematizó las incongruencias patrimoniales y las contradicciones entre las declaraciones juradas y el nivel de vida exhibido. La denuncia periodística funcionó como disparador de presentaciones judiciales que hoy conviven, dispersas, entre Comodoro Py y Lomas de Zamora.

Las causas activas: un mapa fragmentado

Al cierre de 2024, las causas contra Insaurralde se pueden agrupar en cuatro núcleos principales, según coberturas de La Nación, Clarín e Infobae:

• Enriquecimiento ilícito: radicada en el fuero federal de Lomas de Zamora, con pedido de peritaje patrimonial sobre su declaración jurada frente al tren de vida documentado.
• Lavado de activos: derivada del análisis de movimientos de Sofía Clerici y presuntos testaferros, con foco en propiedades y transferencias.
• Uso indebido de fondos y viajes oficiales: relacionada con desplazamientos en aviones y gastos durante su gestión como jefe de Gabinete.
• Cuestiones administrativas locales: expedientes vinculados a su etapa como intendente de Lomas de Zamora, incluyendo denuncias por contrataciones.

Ninguna de estas causas tiene, a la fecha, elevación a juicio oral. La instrucción avanza con pedidos de informes, pericias contables y escuchas, pero sin definiciones procesales que permitan proyectar una sentencia en el corto plazo. Es exactamente el escenario que denuncia la doctrina liberal cuando habla de propiedad privada y desarrollo económico: sin justicia previsible y ejecutable, no hay orden institucional posible.

Comparativa con otros K: el reloj procesal es selectivo

El contraste con otros dirigentes del mismo espacio es incómodo pero necesario. Cristina Kirchner recibió condena en primera instancia en la causa Vialidad en diciembre de 2022, después de doce años de trámite iniciado en 2010. Amado Boudou fue condenado en la causa Ciccone en 2018, tras seis años de proceso. Lázaro Báez recibió condena por lavado en 2021, tras nueve años.

El caso Insaurralde tiene apenas un año largo de vida procesal. Sería tramposo pedir una condena inmediata: el debido proceso existe, y la línea editorial de este medio defiende garantías judiciales incluso para quienes menos nos gustan. Pero también es tramposo el otro extremo: pretender que la lentitud es neutra. En Argentina, los tiempos judiciales funcionan como blindaje político para el que tiene aparato, y como guillotina para el que quedó afuera del poder.

Mientras Insaurralde tramita, Kicillof lo separó del PJ bonaerense, La Cámpora tomó distancia y el peronismo hizo lo que siempre hace: soltar la mano y esperar. La causa avanza cuando el imputado ya no tiene poder de daño interno. Eso no es justicia: es contabilidad política disfrazada de expediente.

Los datos que nadie muestra sobre el patrimonio

Las declaraciones juradas de Insaurralde durante su paso por la función pública (intendente entre 2009 y 2019, jefe de Gabinete bonaerense desde 2021) muestran un crecimiento patrimonial que la propia oficina anticorrupción tuvo que revisar. La pericia contable en curso apunta a establecer si el flujo de fondos declarado alcanza para sostener bienes, viajes y estilo de vida documentado.

El problema estructural excede a Insaurralde: es el mismo esquema que denunciamos cuando hablamos de la investigación por dólares en el vestidor de un fiscal. El sistema argentino tolera niveles de opacidad patrimonial que en cualquier democracia con instituciones serias implicarían suspensión inmediata y peritaje exprés. Acá, la pericia tarda dos años, y para cuando llega el resultado, el foco mediático ya está en otro escándalo.

Según datos publicados por la Oficina Anticorrupción, el promedio de duración de una investigación patrimonial supera holgadamente los tres años. Un plazo así vuelve a la sanción una figura decorativa: cuando llega, ya nadie recuerda el hecho ni al funcionario.

Cronología del papelón: septiembre 2023 a hoy

• 22/09/2023: se difunden las fotos del yate en Marbella.
• 29/09/2023: Insaurralde renuncia como jefe de Gabinete bonaerense.
• Octubre 2023: se presentan las primeras denuncias penales por enriquecimiento ilícito y lavado.
• Noviembre 2023-marzo 2024: allanamientos a propiedades vinculadas a Sofía Clerici y al entorno de Insaurralde.
• 2024: la causa avanza con pedidos de informes bancarios, migratorios y patrimoniales.
• Fin de 2024: sin elevación a juicio oral en ninguna de las causas principales.

La cronología es la radiografía perfecta del problema: escándalo público inmediato, respuesta política rápida (renuncia), respuesta judicial diluida. Y mientras tanto, la burocracia estatal que Insaurralde encarnaba sigue funcionando como si nada hubiera pasado.

Por qué esto es un problema de libertad económica, no solo penal

Acá conviene salir del morbo y pensar institucionalmente. Un país donde la clase política administra fondos públicos sin control patrimonial efectivo es un país que traslada ese costo directamente al sector productivo. Como advertía Hayek, la ausencia de reglas ejecutables genera un orden espontáneo perverso: el que tiene contactos gana, el que produce paga.

El gasto público argentino, que financió durante décadas estructuras de clientelismo territorial como la que Insaurralde manejó en el conurbano, es exactamente lo que analizamos en gasto público y pobreza. No es coincidencia que los distritos con mayor volumen de fondos discrecionales sean los que exhiben peor performance en indicadores sociales. La plata no llega al pobre: llega al yate.

La agenda liberal no pide venganza. Pide algo más simple y más difícil: que la justicia funcione en plazos razonables, con estándares parejos, sin selectividad política. Que un funcionario con patrimonio incongruente responda antes de tres años. Que la denuncia periodística de un Antonio Laje o de cualquier otro medio serio no se evapore en el laberinto judicial. Sin eso, no hay libertad económica posible: hay solo una casta con expediente abierto y una sociedad con la billetera vacía.

Qué falta para que haya condena

Para que alguna de las causas contra Insaurralde llegue a juicio oral en 2025 tienen que ocurrir tres cosas concretas: cierre de la pericia patrimonial, elevación por parte del juez de instrucción y confirmación de la cámara federal correspondiente. Cada uno de esos pasos puede demorar entre seis meses y dos años, según antecedentes comparables del propio fuero.

La posibilidad de una absolución también existe, y el debido proceso la contempla. Pero incluso una absolución rápida sería mejor que la actual zona gris: ni condena, ni sobreseimiento, ni prescripción. Solo tiempo, expedientes fragmentados y memoria pública que se erosiona. Eso, en términos institucionales, es lo peor de los mundos posibles.

Mientras tanto, los datos del INDEC siguen mostrando una economía que necesita inversión, previsibilidad y reglas ejecutables. Nada de eso es compatible con un sistema donde el escándalo patrimonial más resonante de 2023 sigue, a fines de 2024, sin definición procesal a la vista.