Reducción del gasto público y crecimiento económico en Argentina

El punto de partida: un Estado que asfixiaba al mercado

Durante las últimas dos décadas, Argentina construyó una estructura de gasto público consolidado —Nación, provincias y municipios— que llegó a superar el 40% del PBI, según estimaciones del IARAF y de trabajos de economistas como Nadin Argañaraz. Ese nivel, más propio de una economía desarrollada con instituciones sólidas, se financió con una combinación tóxica: presión tributaria récord, emisión monetaria y deuda.

El resultado no fue crecimiento sino estancamiento. El PBI per cápita argentino en 2023 estaba, en términos reales, apenas por encima del de 2011. Trece años perdidos coincidieron, no por casualidad, con la etapa de mayor expansión del gasto y del empleo público. La correlación no es causalidad automática, pero la teoría económica —de Hayek a Friedman— ofrece un mecanismo claro: cuando el Estado absorbe recursos crecientes vía impuestos, deuda o inflación, el sector privado pierde capacidad de inversión y de innovación.

Entender los efectos de la reducción del gasto público exige primero reconocer de dónde partimos: no de un Estado eficiente al que hay que recortar, sino de un aparato hipertrofiado que había convertido el crecimiento en una anomalía estadística.

Por qué el gasto excesivo frena el crecimiento

La literatura empírica sobre el tamaño óptimo del Estado —desde los trabajos de Barro hasta los más recientes de Alesina y Ardagna— muestra que existe un umbral a partir del cual el gasto público adicional deja de contribuir al crecimiento y empieza a restarlo. Ese umbral varía por país, pero raramente supera el 35-40% del PBI, y siempre depende de la calidad institucional.

El mecanismo es intuitivo. Cada peso que el Estado gasta debe ser financiado. Si se financia con impuestos, reduce el ingreso disponible de familias y empresas. Si se financia con deuda, compite con el crédito privado y sube las tasas. Si se financia con emisión, genera inflación, el impuesto más regresivo de todos. Ninguna de estas tres vías es gratuita, aunque el discurso populista suela presentarlas como tales.

En Argentina la distorsión era doble: no solo el gasto era alto, sino que buena parte se destinaba a transferencias corrientes, subsidios energéticos mal focalizados y empleo público redundante. Como discutimos en Subsidios y eficiencia del mercado, esas partidas no solo no generaban capital productivo: distorsionaban precios relativos y desalentaban la inversión privada en sectores enteros.

El ajuste 2024: qué pasó realmente

El gobierno que asumió en diciembre de 2023 encaró un ajuste fiscal de magnitud inusual. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto primario del sector público nacional cayó cerca de 30% real interanual durante 2024. El resultado fue el primer superávit financiero anual desde 2010.

Los críticos anticiparon una recesión terminal. Lo que ocurrió fue distinto: una recesión intensa en el primer semestre, seguida de una recuperación que hacia el cuarto trimestre mostraba señales claras en indicadores adelantados —construcción, industria automotriz, crédito hipotecario, salarios reales medidos en dólares—. La inflación mensual, que había tocado 25,5% en diciembre de 2023, se ubicaba en un rango de 2-3% hacia fines de 2024, según datos del INDEC.

Esta secuencia —ajuste primero, estabilización después, crecimiento a continuación— no es novedosa. La documentaron trabajos clásicos sobre "contracciones fiscales expansivas" en Irlanda, Dinamarca y Suecia en los años ochenta y noventa. Lo que hace único al caso argentino es la magnitud del desequilibrio previo y la velocidad de la corrección.

Los canales concretos de transmisión

La reducción del gasto público impulsa el crecimiento a través de varios canales identificables:

• Canal inflacionario: menos déficit implica menos necesidad de emisión, y por lo tanto menor inflación. Ese es probablemente el canal más potente en el corto plazo, como analizamos en Inflación bajo el 2%.
• Canal de crédito: cuando el Tesoro deja de absorber pesos vía Leliq/Lecap, los bancos redirigen esos fondos al sector privado. El crédito comercial y las hipotecas UVA muestran esa recomposición desde mediados de 2024.
• Canal de expectativas: la caída del riesgo país de más de 2000 puntos a menos de 800 abarata el financiamiento futuro para empresas y provincias, y anticipa mayor inversión.
• Canal tributario: aunque en Argentina la baja de impuestos fue parcial (Bienes Personales, blanqueo), la eliminación del impuesto PAIS y la señal de que el ajuste vino por el gasto y no por más impuestos mejora las expectativas de rentabilidad.

Cada canal por sí solo es insuficiente. En conjunto, y sostenidos en el tiempo, configuran las condiciones necesarias (aunque no suficientes) para retomar un sendero de crecimiento.

El costo social del ajuste y el costo social de no ajustar

Sería deshonesto ignorar que la reducción del gasto tiene costos de transición. La caída de la actividad en el primer semestre de 2024, el deterioro inicial de los ingresos reales y el impacto sobre jubilaciones y obra pública son reales. Ningún liberal serio niega los trade-offs.

La pregunta correcta no es "ajuste sí o ajuste no", sino "¿cuál era la alternativa?". La alternativa —seguir con déficit financiado por emisión— llevaba a una inflación de tres o cuatro dígitos, escenario en el que los sectores más vulnerables son siempre los más golpeados. Como discutimos en Gasto público y pobreza en Argentina, la evidencia muestra que más gasto no correlaciona con menos pobreza cuando ese gasto se financia con inflación.

Alberdi lo escribió hace más de 150 años: "El país que gasta más de lo que produce, es pobre, aunque tenga minas de oro". La reducción del gasto no es una crueldad ideológica: es la aritmética elemental de una economía que quiere volver a producir riqueza en lugar de redistribuir escasez.

Qué falta para consolidar el crecimiento

El ajuste fiscal es condición necesaria pero no suficiente. Para que la Argentina vuelva a crecer de forma sostenida —al 4% o 5% anual durante una década, como Chile entre 1990 y 2010— hace falta más:

1. Apertura comercial gradual pero real, que exponga a la industria local a competencia y baje precios internos.
2. Reforma laboral que reduzca el costo de contratar formalmente, hoy prohibitivo para las pymes según analizamos en Impacto de las políticas fiscales en pymes.
3. Simplificación tributaria, reduciendo la maraña de impuestos distorsivos (Ingresos Brutos, débitos y créditos, retenciones).
4. Seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada, sin las cuales ninguna inversión de largo plazo es viable.
5. Desregulación en sectores clave —energía, telecomunicaciones, transporte— para que la competencia baje precios y mejore calidad.

El gasto público bajo, en sí mismo, no genera crecimiento. Genera las condiciones macroeconómicas para que el crecimiento sea posible. El crecimiento lo generan los empresarios, los trabajadores, los innovadores. El Estado, cuando se corre, deja el espacio para que eso ocurra.

Una lección que Argentina debería no olvidar

La historia económica argentina está llena de ajustes fracasados: heterodoxos, gradualistas, con controles de precios, con desdoblamiento cambiario. Fracasaron porque nunca atacaron el problema estructural: un Estado que gastaba sistemáticamente más de lo que la economía podía sostener.

El ajuste 2024 es distinto porque ataca ese núcleo. Su éxito o fracaso definitivo se medirá en años, no en meses, y dependerá tanto de la consistencia del gobierno como de la disposición de la sociedad a no volver al populismo distribucionista apenas mejore la coyuntura. Como recuerda Mises, las malas ideas económicas no mueren: solo esperan la próxima crisis para regresar disfrazadas de sensibilidad social.

Los efectos de la reducción del gasto público en el crecimiento económico argentino recién empiezan a manifestarse. Si el rumbo se sostiene, la próxima década puede ser distinta a las tres anteriores. Si no, habremos desperdiciado, una vez más, la oportunidad de convertirnos en un país normal.