Inflación bajo el 2%: señal de mercado o conquista institucional

Un número promisorio que merece más que un titular

Según El Esquiu, el mercado anticipa que la inflación de junio quedaría por debajo del 2% mensual, perforando un umbral psicológico y estadístico que la Argentina no atravesaba con regularidad desde hace años. La noticia circula con el tono de una celebración y, en parte, lo merece: cualquier freno genuino en la erosión del poder adquisitivo es una buena noticia para los argentinos que cobran en pesos y pagan en pesos.

Pero en este medio no nos conformamos con el dato. La pregunta que nos importa es estructural: ¿este número es el resultado de reglas de juego sólidas, predecibles y con respaldo jurídico-institucional, o es el fruto de una convergencia de factores que puede deshacerse con la misma velocidad con que se construyó?

La inflación como síntoma de un orden —o de su ausencia

Alberdi lo escribió con una claridad que el siglo XX argentino se encargó de ignorar sistemáticamente: la estabilidad económica no es un accidente, es una consecuencia. Consecuencia de reglas claras sobre la emisión monetaria, el gasto público y la integridad del sistema de precios. Cuando esas reglas faltan o son maleables según el humor político del oficialismo de turno, la inflación no es un problema técnico sino un problema constitucional.

La Constitución Nacional de 1853, en su artículo 75 inciso 11, le otorga al Congreso la facultad de hacer sellar moneda y fijar su valor. Esa atribución fue vaciada de contenido durante décadas de dominación del Ejecutivo sobre el Banco Central, de financiamiento monetario del déficit y de delegaciones legislativas que convirtieron al organismo emisor en una escribanía del Poder Ejecutivo. La inflación crónica argentina no fue un fenómeno meteorológico: fue la consecuencia directa de la violación sistemática de ese orden institucional.

Entonces, cuando el mercado anticipa un 2% —o menos— para junio, lo primero que debería preguntarse un analista serio es: ¿qué cambió en ese orden?

Equilibrio fiscal: condición necesaria, no suficiente

La respuesta honesta es que algo cambió, y que ese algo importa. El gobierno de Javier Milei logró sostener superávit fiscal primario durante varios meses consecutivos, cortando la cadena de transmisión más directa entre déficit y emisión. Eso no es un detalle menor: es la primera vez en muchos años que el sector público nacional no acude al Banco Central como prestamista de última instancia para financiar el gasto corriente.

Friedman tenía razón cuando decía que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Si no se emite para cubrir el rojo fiscal, la presión sobre los precios cede. La aritmética es brutal en su simplicidad.

Pero —y acá viene el punto institucional que nos preocupa— el equilibrio fiscal sostenido por decreto, por ajuste de emergencia o por licuación del gasto en términos reales no es lo mismo que el equilibrio fiscal anclado en una ley de responsabilidad fiscal con dientes, en un Banco Central con autonomía legal efectiva y en un Congreso que renuncia voluntariamente a la tentación del gasto clientelar. La primera variante es reversible en cuanto cambia el gobierno o el humor político. La segunda es una conquista institucional.

Hayek advertía que las reglas importan más que las intenciones. Un gobierno con buenas intenciones pero sin reglas robustas puede producir buenos números en el corto plazo. Lo que no puede producir es previsibilidad.

La previsibilidad como bien público más escaso

En economía, la previsibilidad vale dinero. Literalmente. Cuando los agentes económicos pueden anticipar con razonable certeza cuál será la tasa de inflación, el tipo de cambio y las reglas impositivas del próximo año, invierten, contratan y planifican. Cuando no pueden, especulan, dolarrizan y se cubren.

Argentina lleva décadas siendo el laboratorio mundial de la imprevisibilidad institucional. Contratos que se rompen por decreto, tarifas que se congelan y se liberan según el calendario electoral, retenciones que suben o bajan por resolución ministerial sin debate parlamentario. Ese es el verdadero costo del populismo distribucionista: no solo el déficit que genera, sino la destrucción de la confianza que hace imposible la inversión de largo plazo.

Por eso, un dato de inflación de junio —por alentador que sea— no alcanza para hablar de estabilidad. La estabilidad requiere instituciones. Requiere que el Congreso legisle en serio sobre autonomía del BCRA. Requiere que el equilibrio fiscal esté consagrado en normas con rango legal y mecanismos de enforcement, no solo en la voluntad de un equipo económico que puede cambiar. Requiere, en definitiva, lo que Alberdi llamaba "la constitución económica": reglas de juego que no dependan de quién gana la próxima elección.

Lo que el mercado ve —y lo que todavía no ve

Las consultoras privadas que elaboran las estimaciones de inflación son sofisticadas en su metodología pero, por definición, miden el presente y el pasado inmediato. El mercado anticipa tendencias, pero no puede garantizar instituciones.

Lo que el mercado ve hoy es favorable: ancla cambiaria funcionando dentro de las bandas establecidas, superávit fiscal sostenido, caída de la brecha cambiaria y expectativas de inflación a la baja. Lo que el mercado no puede ver —o ve con descuento— es si esas condiciones sobrevivirán a una sequía, a un shock externo, a una crisis política o a un cambio de gobierno.

Ahí es donde la perspectiva institucional agrega valor al análisis puramente financiero. La pregunta no es solo "¿cuánto va a ser la inflación de junio?" sino "¿qué reformas estructurales garantizan que la tendencia sea duradera?". Y en esa pregunta, la agenda pendiente sigue siendo larga: reforma del BCRA, ley de coparticipación, reducción del gasto subnacional, simplificación tributaria, apertura comercial con reglas claras.

El desafío: convertir el ajuste en arquitectura

El gobierno de Milei tiene un logro real en la desinflación. Sería deshonesto negarlo. Pero un logro no es una conquista si no se institucionaliza. El desafío político y jurídico de los próximos meses es exactamente ese: convertir el ajuste de emergencia en arquitectura institucional permanente.

Eso requiere pasar por el Congreso, negociar con las provincias, construir consensos que no dependan de la popularidad presidencial. Es el trabajo ingrato de la política institucional, el que no da titulares inmediatos pero sí produce la estabilidad de largo plazo que Argentina necesita con urgencia.

Mises lo decía con crudeza: no hay atajos hacia la prosperidad. Los números de junio son alentadores. La pregunta es si son el inicio de un orden o el final de un ajuste. Esa diferencia la define la calidad de las instituciones, no la velocidad de las consultoras.