Kirchner ante otro juicio: lo que Chile ya resolvió hace décadas

Un juicio más en el calendario judicial más saturado del continente

Según Minuto Neuquén, Cristina y Máximo Kirchner enfrentan un nuevo proceso judicial, sumando así otro expediente a una saga que ya lleva años de idas y vueltas entre cámaras de apelación, planteos de nulidad y chicanas procesales de manual. La noticia circuló casi sin sorpresa: en Argentina, que un ex funcionario de alto rango llegue a juicio ya no genera conmoción. Lo que debería generar conmoción es que esto se siga repitiendo sin consecuencias estructurales para el sistema que lo produce.

El problema no es Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner como individuos. El problema es la arquitectura institucional que permitió durante décadas que el poder político colonizara la justicia, el gasto público y la economía sin rendir cuentas efectivas. Esa arquitectura sigue en pie. Y mientras se la repara —si es que se la repara— el costo lo pagamos todos.

Lo que Chile entendió en los noventa

Cuando Chile procesó a Pinochet ante los tribunales en 1998, no lo hizo porque tuviera un sistema judicial perfecto. Lo hizo porque había construido, trabajosamente, una cultura institucional donde la ley se aplica con independencia del apellido del imputado. Ese proceso fue lento, imperfecto y políticamente costoso. Pero fue. Y sentó un precedente que hoy hace que ningún político chileno —de izquierda o de derecha— pueda asumir que la impunidad es una opción disponible.

Uruguay hizo algo parecido con los juicios a militares de la dictadura y, más relevante aún para este análisis, construyó una burocracia estatal relativamente transparente que explica buena parte de su diferencia de riesgo-país con Argentina. El Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International ubica a Uruguay en el puesto 18 del mundo. Argentina está en el 98. No es un dato menor: esa brecha de 80 posiciones se traduce directamente en costo del crédito, inversión extranjera directa y calidad del gasto público.

Irlanda, por su parte, pasó por su propio infierno institucional —los escándalos del Celtic Tiger, los bancos quebrados, los políticos procesados— y salió del otro lado con reformas reales: tribunales anticorrupción con presupuesto propio, fiscales con inamovilidad, y una cultura parlamentaria donde renunciar ante una acusación creíble no es heroísmo sino protocolo básico. Hoy Irlanda crece al 4% anual y atrae capitales que Argentina sueña con ver.

El costo fiscal de la impunidad

Hay una conexión directa, que la intelligentsia kirchnerista siempre negó, entre impunidad judicial y desorden fiscal. Cuando los funcionarios saben que pueden manejar contratos, licitaciones y subsidios sin consecuencias penales reales, el gasto público se infla no por necesidad social sino por oportunidad de extracción. Eso no es una teoría conspirativa: es lo que describió en detalle la Oficina Anticorrupción en decenas de expedientes, lo que surgió de los cuadernos de las coimas y lo que los propios imputados no pudieron desmentir con documentación.

Estonia —el caso más citado en los foros de política fiscal liberal— logró en quince años pasar de una economía soviética colapsada a un modelo de presupuesto equilibrado, impuesto flat y Estado mínimo eficiente. La clave no fue solo la reforma tributaria: fue la reforma judicial previa que hizo que los contratos se cumplieran y que la corrupción tuviera costos reales. Sin rule of law, el libre mercado es una aspiración vacía. Hayek lo explicó con precisión en Los fundamentos de la libertad: la libertad económica requiere un marco legal predecible y aplicado sin favoritismos.

Argentina lleva cuatro décadas intentando hacer el camino inverso: reformar la economía sin tocar la justicia. El resultado está a la vista.

La trampa del garantismo selectivo

Uno de los argumentos más repetidos en defensa de los Kirchner —y de cualquier político procesado que tenga acceso a estudios jurídicos de primera línea— es el garantismo: la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa. Son principios válidos. Son, de hecho, principios liberales en su origen más puro.

El problema es el garantismo selectivo: el mismo espacio político que invoca el debido proceso para sus propios dirigentes fue el que nombró jueces por decreto, intentó reformar la Corte Suprema por mayoría simple y construyó una Procuración General a su imagen durante años. El garantismo que no se aplica a los adversarios no es un principio: es una táctica.

En Nueva Zelanda, donde el sistema judicial tiene una independencia que los rankings internacionales certifican año tras año, ningún partido en el poder puede nombrar jueces sin pasar por un consejo independiente de selección con participación de la sociedad civil. No es magia institucional: es diseño deliberado para que la justicia no sea un botín político. Argentina tuvo proyectos similares. Nunca prosperaron porque los que tenían que aprobarlos eran los mismos que se beneficiaban del sistema opaco.

Lo que el juicio debería disparar y probablemente no va a disparar

El nuevo proceso judicial contra figuras del kirchnerismo debería ser la ocasión para una discusión más amplia: ¿cómo reformamos el sistema para que esto no dependa de qué fiscal tiene el caso ni de qué sala de Comodoro Py está de turno?

Esa discusión requiere al menos tres reformas que el establishment político argentino —en todas sus variantes— ha evitado con consistencia admirable: primero, un sistema de selección de jueces federales que saque al Poder Ejecutivo del proceso de designación efectiva; segundo, una fiscalía anticorrupción con presupuesto autónomo y mandato fijo, no renovable; tercero, un régimen de extinción de dominio ágil que haga que el crimen no pague aunque la condena tarde.

Perú, con todas sus disfunciones, tiene extinción de dominio operativa desde 2018. Argentina la tiene en papel desde 2019 y su aplicación práctica sigue siendo marginal. La brecha entre la ley escrita y la ley aplicada es, en sí misma, una forma de impunidad.

La lección que el espejo regional nos devuelve

Cada vez que Argentina mira hacia afuera —Chile, Uruguay, Irlanda, Estonia, Nueva Zelanda— encuentra la misma lección con distintos acentos: los países que crecen de manera sostenida no son los que tienen los recursos naturales más abundantes ni los intelectuales más brillantes. Son los que lograron construir instituciones donde las reglas se aplican igual para todos, donde los contratos se respetan y donde el poder político tiene límites reales.

Argentina tiene los recursos, tiene los intelectuales y tiene, en el papel, las instituciones. Lo que le falta es la voluntad política de hacer que esas instituciones funcionen aunque eso implique que las propias figuras del poder terminen sentadas en el banquillo.

El nuevo juicio kirchnerista es una oportunidad. Probablemente se desperdicie, como se desperdiciaron las anteriores. Pero cada expediente que avanza es una pequeña señal de que el sistema, a pesar de todo, todavía respira. La pregunta es si va a respirar lo suficiente como para producir jurisprudencia real antes de que la próxima crisis económica vuelva a tapar todo bajo una emergencia.

Mientras tanto, Uruguay sigue en el puesto 18.

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