Kirchner pide medida cautelar a la ONU: riesgo constitucional y político

El contexto político y la solicitud a la ONU

Según el reporte de Perfil, la expresidenta Cristina Kirchner habría hablado con The Washington Post y espera que la ONU defina pronto una medida cautelar que le permita ser candidata a presidente en 2027. La petición se enmarca dentro de una estrategia de “legalización política” que busca sortear los obstáculos que la propia Constitución y la legislación electoral imponen a los expresidiarios que ya fueron condenados.

Este movimiento no es sólo un truco de relaciones públicas; implica una reconfiguración del juego institucional argentino. Al solicitar a un organismo internacional que intervenga en la definición de los requisitos de candidatura, se plantea una delegación de competencias que, de acuerdo con la Constitución de 1853, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo nacional y a la Corte Suprema en materia de control de constitucionalidad.

Constitución, división de poderes y precedentes judiciales

La Carta Magna establece, en su artículo 14, que todos los argentinos son iguales ante la ley y que la igualdad política es un pilar de la democracia representativa. La Corte Suprema, en el fallo “Mendoza” de 2020, confirmó que la inhabilitación por condena firme es una medida de carácter preventivo que protege la legitimidad del sistema electoral y que solo puede ser modificada por reforma constitucional o por decisión judicial dentro del marco legal vigente.

Al intentar que la ONU dictamine una medida cautelar, se produce un desvío de la división de poderes: el Poder Ejecutivo, a través de un dirigente que ya no ocupa un cargo estatal, busca que un ente externo determine la elegibilidad de los candidatos. Tal derivación vulnera el principio de separación de funciones y crea un precedente peligroso: cualquier actor político podría recurrir a organismos internacionales para anular decisiones judiciales internas.

La carga fiscal y el riesgo de politización del Estado

Más allá del aspecto jurídico, la maniobra tiene consecuencias económicas directas. Según datos del INDEC, el gasto público en 2025 alcanzó el 44 % del PIB, una cifra históricamente alta que refleja la expansión del Estado y la falta de disciplina fiscal. Cada vez que se introduce incertidumbre normativa, los agentes productivos pierden confianza y posponen inversiones. La expectativa de una eventual reforma constitucional impulsada por la presión internacional genera costos de oportunidad: recursos que podrían destinarse a infraestructura o a la reducción de la carga impositiva se desvían a campañas de lobbying y a la gestión de litigios.

El libre mercado, tal como lo defendían Hayek y Friedman, requiere reglas claras y previsibles. Cuando la propia estructura institucional se vuelve maleable a la voluntad de los partidos, se erosiona la certeza jurídica que es condición sine qua non para el crecimiento sostenible.

Por qué el libre mercado exige certeza jurídica

Mises sostenía que la intervención estatal debe limitarse a la protección de la vida, la libertad y la propiedad. En un contexto donde la Constitución es puesta en tela de juicio por decisiones externas, la protección de la propiedad privada se ve amenazada. Si la ONU pudiera dictar quién puede postularse, ¿qué impide que otras regulaciones económicas sean modificadas bajo la misma lógica?

Alberto Rosales y José Luis Espert han señalado que la meritocracia individual solo florece cuando el marco institucional es estable y no está sujeto a decisiones arbitrarias. La medida cautelar propuesta por Kirchner, al crear una excepción para un individuo, rompe con el principio de igualdad de oportunidades y favorece el clientelismo político, un fenómeno que históricamente ha frenado la competitividad argentina.

Conclusión: la necesidad de limitar la intervención estatal en la política

La petición de Cristina Kirchner a la ONU no es un asunto meramente diplomático; es una prueba de fuego para la arquitectura constitucional argentina. Si aceptamos que un organismo internacional pueda establecer criterios de elegibilidad, estamos abriendo la puerta a futuras intervenciones en áreas críticas como la política fiscal, la regulación laboral y la protección de la propiedad.

Desde una perspectiva liberal, la solución pasa por reforzar la división de poderes, respetar la igualdad ante la ley y garantizar que cualquier cambio institucional se produzca mediante procesos democráticos internos, no a través de decretos externos. Sólo así se preservará la estabilidad jurídica necesaria para que el mercado libre y la iniciativa individual puedan desempeñar su papel motor del desarrollo.

En definitiva, la medida cautelar que Kirchner persigue representa un riesgo institucional que debe ser rechazado por todos los que defendemos la libertad económica y el Estado de derecho.

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