La Rural a los 160 años: cuando el mercado sí funciona sin el Estado

Un presidente en Palermo: más que protocolo

Cada julio —y este año con la carga simbólica de una fecha redonda— la Exposición Rural de Palermo congrega a productores, inversores, técnicos y políticos bajo la lona del predio que la Sociedad Rural Argentina administra desde 1866. Según Perfil, el presidente Javier Milei regresó a la Rural destacando los 160 años de la institución y sosteniendo que esta "tiene cosas para enseñarnos". La frase, en boca de un jefe de Estado, podría sonar a halago protocolar. Leída con lentes institucionales, es bastante más que eso.

Una institución privada que lleva 160 años organizando, financiando y proyectando al agro argentino sin depender del presupuesto nacional es, en sí misma, un argumento vivo contra la tesis de que solo el Estado puede sostener estructuras de largo plazo. Vale la pena detenerse ahí.

La Sociedad Rural como caso de derecho privado que funciona

Desde la perspectiva constitucional que inauguró Juan Bautista Alberdi en las Bases, la Argentina del 53 se pensó como un país donde la propiedad privada, la libertad de contratación y la iniciativa individual serían los motores del progreso. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a ejercer industria lícita, comerciar y asociarse con fines útiles. La Sociedad Rural es, en ese sentido, un hijo directo de ese diseño institucional originario: una asociación civil que coordina intereses privados, genera bienes públicos sectoriales —información de mercado, estándares sanitarios, vinculación internacional— y lo hace sin necesitar un ministerio que le diga cómo hacerlo.

Ciento sesenta años de continuidad institucional en un país con nueve defaults, decenas de planes económicos y múltiples reformas constitucionales es un dato que no debería pasar inadvertido. Mientras el Estado argentino cambiaba de moneda, de régimen cambiario y de orientación política cada pocos años, la Rural seguía exponiendo, clasificando razas bovinas y conectando al productor con el mercado internacional. Eso no es casualidad: es el resultado de tener reglas de juego internas estables, financiamiento genuino y autonomía respecto del ciclo político.

El campo como laboratorio del libre mercado —y sus distorsiones

El sector agropecuario argentino es, paradójicamente, el ejemplo más nítido tanto de lo que el mercado puede producir como de lo que el Estado puede destruir cuando interviene sin criterio. Argentina es el tercer exportador mundial de soja, el principal de harina y aceite de soja, y uno de los grandes proveedores globales de carne vacuna y maíz. Esos resultados no los produjo ningún plan quinquenal: los produjo la combinación de tierra fértil, tecnología adoptada por productores privados y —cuando se lo permitieron— precios de mercado.

Pero el mismo sector cargó durante décadas con retenciones que en algunos momentos superaron el 35% del valor FOB de exportación, con tipos de cambio diferenciales que equivalen a un impuesto encubierto, y con restricciones a la exportación que desalinearon los precios internos de los internacionales. La resolución 125 de 2008 —el intento kirchnerista de establecer retenciones móviles que derivó en el conflicto agrario más agudo de las últimas décadas— es el caso de manual sobre cómo la discrecionalidad regulatoria puede desestabilizar un sector entero y, de paso, a un gobierno.

Desde el ángulo institucional, el problema de fondo no era solo económico sino jurídico: una resolución ministerial pretendía modificar de facto la estructura tributaria de un sector sin pasar por el Congreso. La Corte Suprema nunca resolvió el fondo del asunto porque el conflicto se cerró políticamente, pero el episodio dejó en claro que la seguridad jurídica del productor agropecuario es tan frágil como la voluntad del funcionario de turno.

Qué debería aprender el Estado de 160 años de la Rural

Si Milei dice que la Sociedad Rural "tiene cosas para enseñarnos", la pregunta obvia es: ¿cuáles? Desde esta redacción, proponemos tres lecciones institucionales concretas.

Primero, la continuidad de las reglas importa más que su perfección. La Rural no tuvo siempre las mejores políticas internas, pero mantuvo sus estatutos, sus autoridades electas y sus compromisos con los asociados. El Estado argentino, en cambio, cambió las reglas impositivas del campo —y de casi todos los sectores— con una frecuencia que hace imposible cualquier planificación de mediano plazo. Hayek lo explicó con precisión en Los fundamentos de la libertad: la previsibilidad normativa no es un lujo, es la condición de posibilidad de la inversión.

Segundo, el financiamiento genuino genera responsabilidad. La Sociedad Rural se financia con cuotas de sus asociados, aranceles de exposición e ingresos propios. Eso crea incentivos correctos: si no sirve a sus miembros, pierde recursos. El Estado, en cambio, no quiebra cuando falla —le sube los impuestos a los que sí funcionan para cubrir sus déficits. Milton Friedman señaló esta asimetría como el defecto estructural de la provisión pública de bienes: la ausencia de señal de precio elimina el mecanismo de corrección.

Tercero, la autonomía respecto del ciclo político es un activo institucional. Que la Rural haya sobrevivido a Perón, al Proceso, al menemismo, al kirchnerismo y a la alianza radical sin perder su identidad institucional dice algo sobre el valor de la independencia organizacional. El Estado, por el contrario, tiende a colonizar cualquier estructura que toca: los entes reguladores se capturan, los organismos técnicos se politizan, las empresas públicas se convierten en cajas de empleo.

El desafío pendiente: convertir el gesto en política

Que un presidente visite la Rural y elogie su trayectoria es, en el mejor caso, el inicio de una conversación. Lo que el sector agropecuario necesita no son palabras de reconocimiento sino reformas concretas y duraderas: eliminación progresiva de retenciones con cronograma legal —no por decreto revocable—, unificación cambiaria completa, y un marco normativo estable que no dependa de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

El gobierno de Milei avanzó en la unificación del tipo de cambio y en la reducción de algunos derechos de exportación, pero el proceso está incompleto y su sustentabilidad jurídica todavía depende de instrumentos administrativos antes que de legislación permanente. Para que la señal sea creíble, debería pasar por el Congreso y quedar plasmada en normas de jerarquía superior al decreto.

Alberdi lo escribió hace casi dos siglos: un país que quiere atraer capitales y trabajo debe ofrecer garantías que no dependan de la voluntad de quien gobierna hoy. Ciento sesenta años de la Rural son una prueba de que esas garantías, cuando existen en el ámbito privado, producen resultados. El desafío es trasladar esa lógica al diseño institucional del Estado. Mientras tanto, el campo sigue exportando, sigue innovando y sigue esperando que las reglas de juego sean tan estables como las que rigen en Palermo cada julio.

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