Insaurralde viajes gasto público: el yate que expuso a la casta

El video que sinceró a la casta

Hay imágenes que valen más que mil discursos de campaña. La del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, arriba del yate Bandido en Marbella junto a Sofía Clerici, es una de esas. No hubo que interpretar nada: se veía el barco, se veía el champagne, se veía a un funcionario público argentino gastando en un fin de semana lo que un jubilado de la mínima cobra en varios años.

El detalle incómodo es que Insaurralde no era un empresario privado que hacía lo que quería con su plata. Era el número dos operativo del gobernador Axel Kicillof, con firma sobre el presupuesto de la provincia más grande del país. Y venía de una carrera política íntegramente hecha desde el Estado: intendente de Lomas de Zamora durante más de una década, candidato presidencial en 2013, jefe de Gabinete provincial desde 2022.

La pregunta liberal es simple y no requiere doctorado en economía: ¿de dónde salió la plata? Y la respuesta que ofrece el kirchnerismo bonaerense —silencio, negación, después renuncia express— es exactamente la que uno esperaría de una estructura que confundió, hace rato, gestión pública con caja propia.

Los números del cargo que ocupaba

Para dimensionar el poder de fuego que tenía Insaurralde en las manos conviene mirar el presupuesto que administraba. La provincia de Buenos Aires ejecutó en 2023 un gasto superior a los 5 billones de pesos, según los datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda bonaerense. La Jefatura de Gabinete provincial coordina áreas transversales: comunicación, modernización, relaciones con municipios, además de la firma en decisiones administrativas clave.

El sueldo declarado de un jefe de Gabinete provincial ronda cifras que, incluso siendo altas para el promedio argentino, no explican de ninguna manera el estilo de vida documentado. Los medios españoles reportaron que el yate Bandido se alquila por encima de los 8.000 euros diarios, según reconstruyó Infobae al cruzar información con brókeres náuticos. Hablamos de un gasto diario, en un solo ítem de ocio, superior al sueldo mensual bruto de un docente bonaerense con antigüedad.

Es la contradicción que la casta nunca puede resolver: prédica igualitarista de día, yates y relojes de lujo de fin de semana.

La cronología del papelón

Conviene ordenar los hitos, porque el kirchnerismo tiene por costumbre licuar los escándalos en la memoria pública:

• 22 de septiembre de 2023: la modelo Sofía Clerici publica en sus redes fotos y videos desde Marbella. Aparece Insaurralde.
• 24 de septiembre: el caso explota en medios nacionales. Insaurralde intenta despegar diciendo que fue un viaje privado, pagado por terceros.
• 29 de septiembre: renuncia como jefe de Gabinete bonaerense. También baja su candidatura a concejal en Lomas.
• Octubre 2023: allanamientos en el domicilio de Clerici. Se secuestran, según fuentes judiciales citadas por medios nacionales, más de 600.000 dólares en efectivo, joyas y documentación.
• 2024 en adelante: la causa avanza en la Justicia federal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, con pericias contables sobre el patrimonio del ex funcionario y su entorno.

El dato político es que la renuncia llegó recién cuando el escándalo hizo insostenible la posición pública, no cuando aparecieron las primeras preguntas sobre su patrimonio. Es el patrón clásico: la casta se cubre entre sí hasta que la evidencia visual la deja sin margen.

Viajes oficiales, viajes privados y la zona gris

Uno de los puntos que la investigación judicial deberá aclarar es la frontera —muchas veces difusa en la política argentina— entre viajes oficiales y viajes privados. La Oficina Anticorrupción exige que funcionarios de alto rango declaren regalos, viajes financiados por terceros y activos en el exterior. En los hechos, el control es débil y las sanciones, más débiles todavía.

El caso Insaurralde reabrió preguntas que trascienden al personaje:

• ¿Quién paga los viajes que un funcionario declara como "personales" pero coinciden con reuniones o contactos vinculados a su función?
• ¿Cómo se controla que el uso de vehículos oficiales, custodias, vuelos y hoteles en misiones provinciales no se mezcle con esparcimiento privado?
• ¿Qué mecanismo existe para auditar los gastos discrecionales de Jefaturas de Gabinete, que suelen manejar partidas de "gastos reservados" o de libre disponibilidad?

En una república adulta, estas preguntas tendrían respuestas públicas, auditadas y trimestrales. En la Argentina kirchnerista, se responden a los tumbos, y sólo cuando un video en Instagram fuerza la conversación.

Lo que dice Hayek —y lo que confirma Insaurralde

Friedrich Hayek escribió en Camino de servidumbre que la concentración de poder económico en manos del Estado genera, inevitablemente, una selección adversa: los cargos atraen a quienes están dispuestos a usarlos para beneficio propio, no a los mejores administradores. No es una teoría abstracta. Es lo que se ve, con nombre y apellido, en cada escándalo de despilfarro provincial.

Cuando un jefe de Gabinete firma sobre un presupuesto de 5 billones de pesos, la tentación no se controla con discursos éticos: se controla con reglas fiscales duras, transparencia obligatoria y un Estado más chico. Cuanto más grande la caja, mayor el incentivo para que aparezcan los Insaurralde. La solución no es rezar por funcionarios santos, sino reducir el gasto público y, con él, la superficie de contacto entre política y billetera.

Esto conecta con algo que ya venimos discutiendo desde estas páginas: el problema estructural argentino no es "qué kirchnerista se roba qué", sino por qué el diseño institucional permite y hasta incentiva este tipo de conductas.

El costo real para el bonaerense de a pie

Acá está el punto que la izquierda populista no quiere discutir: cada peso que se dilapida en la nomenclatura kirchnerista es un peso que no llegó a una comisaría con patrullero, a una escuela con calefacción, a un hospital con insumos. La provincia de Buenos Aires tiene barrios donde no hay agua potable, escuelas donde los chicos cursan en containers y comisarías sin nafta para los móviles. Y su jefe de Gabinete se paseaba en yate por el Mediterráneo.

El relato oficialista sostiene que criticar estos escándalos es "hacerle el juego a la derecha". La realidad es la inversa: el mejor aliado del ajuste sobre los que menos tienen es la casta que despilfarra arriba. Cada Insaurralde justifica, por sí solo, décadas de desconfianza ciudadana hacia lo público. Y termina castigando, por asociación, incluso a los funcionarios honestos que sí existen.

Es la relación rota entre gasto público y bienestar que venimos denunciando: más presupuesto no significa mejor servicio, cuando la ejecución está capturada por una elite que se sirve a sí misma.

Y encima… la Justicia llega tarde

El expediente avanza, sí. Hay allanamientos, hay pericias, hay indagatorias. Pero avanza al ritmo argentino: lento, con filtraciones dosificadas, con abogados que dilatan cada paso. Nadie con memoria política apuesta a que exista una condena firme en un plazo razonable.

Este es el otro problema estructural: la Justicia argentina castiga tarde y poco a los delitos de guante blanco cometidos desde el poder. La consecuencia práctica es que el cálculo costo-beneficio para un funcionario deshonesto sigue siendo favorable al delito: la probabilidad de ir preso es baja, los plazos son eternos y, mientras tanto, la plata rinde.

Mientras la Justicia no se tome en serio el enriquecimiento ilícito, cada nuevo Insaurralde seguirá siendo previsible. No como accidente moral individual, sino como resultado esperable de un sistema que premia la impunidad.

Qué se aprende del caso

El escándalo Insaurralde deja tres lecciones que valen más que cualquier editorial:

1. La transparencia no se pide, se legisla y se audita. Declaraciones juradas online, cruce automático con AFIP, migraciones y registro de bienes. Sin eso, cualquier discurso ético es humo.
2. El tamaño del Estado importa. Un aparato provincial que ejecuta billones de pesos con controles laxos es un imán para la corrupción. Menos Estado no es menos justicia social: es menos oportunidad para que la casta convierta la política en negocio personal.
3. La rendición de cuentas es cultural. Mientras el electorado siga premiando al que "reparte" sin preguntar de dónde sale, la oferta política se va a seguir adaptando. El cambio no es sólo institucional; también es cívico.

Insaurralde ya no es jefe de Gabinete. Pero la estructura que lo produjo sigue intacta. Y hasta que no se toque esa estructura, el próximo yate ya está reservado —sólo cambiará el nombre en la lista de pasajeros.