Corrientes pide plata: el ciclo que el ajuste debería cortar

La escena de siempre, con actores nuevos

Leí la nota de Perfil sobre la reunión entre el gobernador correntino Juan Pablo Valdés y el ministro Luis Caputo, y me acordé de algo que me pasó hace un par de años viajando por el NEA. En cada pueblo que paraba, la conversación con cualquier vecino terminaba igual: "acá todo depende de lo que mande Nación". Rutas, hospitales, planes, empleados públicos. Todo. La autonomía provincial que consagra la Constitución era, en la práctica, un chiste con mala letra.

La reunión de este lunes no es noticia por ser excepcional. Es noticia exactamente porque es rutinaria. Un gobernador sube a Buenos Aires, pide fondos para obras, gestiona una audiencia con el jefe de Gabinete Diego Santilli, y vuelve a casa a esperar que el Tesoro afloje. El ciclo se repite desde hace décadas, con distintos nombres en los sillones y los mismos argumentos en la valija.

El problema no es Valdés, es el sistema

No tengo nada personal contra el gobernador Valdés ni contra Corrientes como provincia. El problema es el modelo, no el funcionario. Y el modelo dice esto: las provincias argentinas recaudan una fracción de lo que gastan, y cubren la diferencia con transferencias nacionales —coparticipación, fondos discrecionales, ATN, obras del Ministerio de Infraestructura— que llegan con condiciones implícitas o explícitas de alineamiento político.

Eso genera un incentivo perverso clarísimo: para un gobernador, es más rentable políticamente volar a Buenos Aires a negociar recursos que quedarse en casa a reformar el gasto provincial, ampliar la base tributaria local o atraer inversión privada. El esfuerzo fiscal propio rinde menos que la gestión porteña. Hayek lo habría llamado sin dudar una trampa de incentivos mal diseñados.

Y no es un problema menor. Según datos del Ministerio de Economía, el gasto público consolidado de las provincias argentinas representa alrededor del 14% del PBI, y una parte significativa de ese gasto se financia con transferencias desde Nación. Corrientes, en particular, es una de las jurisdicciones con mayor dependencia relativa de los recursos coparticipados frente a su recaudación propia. No es una excepción: es la norma en el interior profundo del país.

El ajuste de Caputo y la pregunta que nadie hace

El gobierno de Milei viene ejecutando un ajuste fiscal que, guste o no, produjo el primer superávit financiero en más de una década. Caputo tiene ese logro en el haber, y es justo reconocerlo. Pero hay una tensión que el oficialismo no termina de resolver: ¿cómo se sostiene el equilibrio fiscal central si las provincias siguen reclamando más transferencias discrecionales?

Cada reunión como la de Valdés con Caputo es una prueba de tensión para esa lógica. Si el ministro cede demasiado, el superávit se erosiona. Si no cede, la provincia ajusta sobre el sector público local —que en muchos casos es el principal empleador— y el costo social cae sobre los correntinos que menos tienen. No hay salida limpia en el corto plazo cuando el problema estructural lleva cuarenta años sin resolverse.

Lo que me parece honesto decir es esto: el ajuste de Nación, sin una reforma del régimen de coparticipación y sin incentivos reales para que las provincias sean fiscalmente autosustentables, es a medias. Estás apretando el grifo central mientras los canales laterales siguen abiertos.

Lo que debería estar en la agenda, y no está

Si yo fuera asesor de Valdés —cosa que no soy ni aspiro a ser— le diría que la agenda con Caputo debería tener un ítem que generalmente brilla por su ausencia: qué va a hacer Corrientes para reducir su dependencia estructural de los fondos nacionales en los próximos cuatro años.

Eso implica cosas concretas y difíciles. Revisar la planta de empleo público provincial, que en el NEA es históricamente sobredimensionada. Crear condiciones para que el sector privado —agroindustria, turismo, energía— genere empleo genuino y amplíe la base imponible local. Eliminar regulaciones que encarecen la inversión. Atraer capitales con seguridad jurídica real, no con promesas de exenciones que cambian con cada gestión.

Nada de eso aparece en los titulares de estas reuniones. Lo que aparece es "reclamo de fondos y obras". Y eso, con todo el respeto que me merece la gestión pública provincial, es exactamente el problema.

El federalismo que merecemos tener

Milei habla de refundar la Argentina sobre bases liberales. Yo le creo la intención, aunque a veces me genera dudas la ejecución. Pero si hay algo que un proyecto genuinamente liberal debería poner en el centro de la agenda es la reforma del federalismo fiscal argentino.

No se trata de castigar al interior. Se trata de lo contrario: devolverle a las provincias la responsabilidad y la capacidad de financiarse con sus propios recursos, cobrarles lo que recaudan, y dejar de usar los fondos nacionales como palanca de disciplinamiento político. Eso sería federalismo de verdad. Lo que tenemos hoy es una simulación de autonomía con dependencia real.

Friedman lo decía con claridad: cuando quien gasta no es quien paga, el gasto tiende al infinito. Las provincias argentinas gastan sin el dolor de recaudar, porque la cuenta la paga el contribuyente nacional vía Tesoro. El resultado es lo que vemos: gobernadores que suben a Buenos Aires a pedir, año tras año, con distintas caras y los mismos reclamos.

Una reunión que importa más de lo que parece

No digo que Valdés esté haciendo algo indebido. Dentro del sistema que existe, gestionar recursos para su provincia es exactamente su trabajo. El problema es el sistema, no el gestor.

Pero cada vez que un gobernador se sienta frente a Caputo a pedir fondos, hay una oportunidad que se pierde: la de empezar a hablar en serio de cómo Argentina construye provincias que no necesiten esa reunión. Ese día va a ser un hito real. Mientras tanto, seguimos mirando la misma película con distintos actores en el reparto.

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