Cannabis en Rosario: jugada política que alimenta el intervencionismo

El pasado 28 de septiembre llegó a Rosario un congreso internacional sobre cannabis, salud y ciencia. La noticia, divulgada por Google‑Argentina y la prensa local, destaca la presencia de expertos y la agenda de regulación del THC. Sin embargo, más allá del discurso sanitario, el evento constituye una pieza clave en la estrategia de poder del oficialismo, que busca transformar una cuestión sanitaria en una oportunidad de expansión del Estado.

El congreso como escenario de poder

Según la convocatoria oficial del evento, el objetivo es “promover la investigación y la regulación responsable del cannabis” (fuente original).

En la práctica, el congreso sirve como vitrina para que el gobierno provincial y nacional exhiban su capacidad de “liderar” en temas de salud pública, generando un capital político que se traduce en votos. La presencia de funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad, junto a representantes de sindicatos y de la oposición, revela una coalición de intereses que convergen en la idea de que el Estado debe ser el árbitro del consumo y la producción del cannabis.

Los intereses del oficialismo y la lógica del gasto público

El proyecto de ley que se discute en el congreso contempla la creación de un ente regulador, la imposición de licencias costosas y la financiación de campañas de prevención a través del presupuesto nacional. Según datos del INDEC, el gasto público en salud representa el 8,5 % del PIB (2025), y el presupuesto destinado a prevención de drogas ha crecido un 27 % en los últimos tres años. Ese aumento no es un acto altruista: cada nuevo programa genera empleo, contratos para consultoras y, sobre todo, visibilidad política.

Los liberales debemos preguntar: ¿qué se gana con esa expansión? La respuesta es clara: poder de decisión, control sobre una industria que podría generar cientos de millones de dólares al año, y la capacidad de crear una red de clientelismo basada en la “protección” del consumidor. La lógica del gasto público, como advertía Friedrich Hayek, es que cada nuevo gasto implica una pérdida de recursos que podrían destinarse a la generación de riqueza privada.

La oposición liberal: oportunidades y límites

Desde la bancada liberal del Congreso y la bancada provincial, se ha planteado una alternativa basada en la libre competencia y la reducción de trabas burocráticas. Proponen que la producción y comercialización del cannabis sea regulada por el mercado, con impuestos mínimos y con certificaciones de calidad gestionadas por organismos privados.

Sin embargo, la oposición enfrenta dos obstáculos estructurales. Primero, la necesidad de conseguir mayorías en una cámara dominada por el peronismo y el kirchnerismo, que ven en la regulación estatal una forma de “redistribución” política. Segundo, la presión de grupos de la salud pública que, bajo la bandera del bienestar, demandan una intervención estatal que, en la práctica, se traduce en mayor carga fiscal.

Lecciones de Hayek y Friedman sobre la regulación del cannabis

Milton Friedman argumentó que la prohibición de sustancias crea mercados negros, violencia y costos sociales que superan con creces los beneficios de la supuesta protección. En su ensayo “The Drug War and the Free Market”, Friedman mostró que la legalización bajo un régimen de libre mercado reduce la criminalidad y permite que los recursos estatales se enfoquen en áreas verdaderamente productivas.

Hayek, en “El Camino de Servidumbre”, advirtió que la planificación centralizada tiende a expandirse más allá de sus objetivos iniciales, devorando libertades individuales. Aplicado al caso del cannabis, la creación de un ente regulador no es una medida puntual, sino el punto de partida para una mayor intervención en otras áreas de la salud y la seguridad.

Qué implica para el futuro del mercado y la salud pública

Si el proyecto de ley avanza sin ajustes, Argentina podría terminar con una industria del cannabis dominada por el Estado, precios inflados por la burocracia y una carga fiscal que reduzca la competitividad del sector. Por otro lado, una ruta liberal permitiría la aparición de pequeñas y medianas empresas, generación de empleo directo, y precios más bajos para los pacientes que requieren cannabinoides medicinales.

El debate no es meramente ideológico; es una cuestión de eficiencia económica. Cada dólar destinado a la creación de una agencia reguladora es un dólar que no se invierte en infraestructura, educación o reducción de la deuda pública. La balanza del poder se inclina a favor de quienes logren convencer al electorado de que el Estado es la solución, cuando la evidencia empírica muestra lo contrario.

En conclusión, el congreso de cannabis en Rosario es un tablero donde se juegan cuotas de voto, contratos de obra pública y la expansión del aparato estatal. La defensa del libre mercado y la propiedad privada sigue siendo la única vía para evitar que la salud pública se convierta en una excusa para el intervencionismo.

Conclusión: la verdadera reforma del cannabis pasa por despolitizar el tema, confiar en la competencia y limitar el poder del Estado. Sólo así se garantiza la libertad individual, el mérito y el crecimiento económico que Argentina necesita.

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